La Policía Nacional, a través de su interlocutor provincial sanitario, ha ofrecido una charla presencial para formarles sobre cómo actuar ante situaciones que pueden derivar en agresión y los pasos jurídicos que pueden dar, si esta llega a producirse. En Andalucía se registraron 305 agresiones en 2019 y 377 en 2020, lo que supone un aumento del 23,6 por ciento.
Están a las puertas de entrar en el mercado laboral. A los estudiantes de cuarto de Enfermería y Fisioterapia les quedan dos meses para comenzar a ejercer su vida profesional y enfrentarse a todas las situaciones que conlleva el ejercicio de su profesión, entre otras, las posibles agresiones que, lamentablemente, sufre el personal sanitario. Este jueves, 22 de abril, la Policía Nacional de la Comisaría de Almería ha impartido, en formato presencial con todas las medidas de seguridad, un taller sobre la prevención de la violencia al profesional sanitario.
La Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Salud ha acogido esta charla. El decano de la Facultad, Gabriel Aguilera, ha agradecido a la Policía Nacional esta formación ‘extra’ para los estudiantes, que les será muy beneficiosa de cara a su incorporación laboral. “En el último año estas agresiones han aumentado más de un 30 por ciento, por lo que es fundamental que nuestros estudiantes tengan este tipo de conocimiento impartido por la Policía».
Estas charlas están siendo impartidas por los interlocutores provinciales de salud, una figura que en 2017 creó la Policía Nacional ante el aumento de agresiones al personal sanitario. Existe la figura nacional y sus representantes provinciales. Esta figura se encarga de coordinar, cooperar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario. Además, es el punto de contacto permanente con los representantes de los centros médicos, colegios profesionales y autoridades territoriales competentes. Su objetivo es poner freno a las agresiones a nivel nacional, garantizando una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas.
Las agresiones a profesionales sanitarios crecieron más en 2020, un año marcado por la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, que en 2019. Según los datos facilitados por el Ministerio de Interior, las victimizaciones a este colectivo crecieron un 32,3 por ciento de 2019 a 2020, mientras que de 2018 a 2019 el incremento se situó en un 21,1 por ciento.
De enero a noviembre de 2019 se produjeron 727 agresiones a sanitarios, mientras que la cifra crece hasta los 962 en el mismo periodo de 2020. “Debido a la pandemia, y a la menos presencialidad en los centros médicos, ha habido un descenso de agresiones ‘in situ’, pero han aumentado las agresiones verbales realizadas por teléfono o de forma telemática», ha explicado José Eladio Fernández, interlocutor provincial sanitario de la Policía Nacional en Almería.
La comparativa entre 2018 y 2019, donde sí se dispone de los datos consolidados a año completo, reflejan que se pasó de las 631 agresiones a profesionales sanitarios a las 764 en un año. En Andalucía se registraron 305 agresiones en 2019 y 377 en 2020, lo que supone un aumento del 23,6 por ciento.
Con el objetivo principal de disminuir los actos delictivos cometidos en centros médicos, el interlocutor mantiene continuas reuniones con el sector sanitario para establecer una comunicación más fluida y adoptar las medidas de seguridad para disminuir el riesgo. Además, ofrece asesoramiento a los centros que lo soliciten para prevenir agresiones y formar a los propios sanitarios con medidas de autoprotección. Entre sus actuaciones se encuentran charlas formativas como la celebrada este jueves.
Jesús Eladio Fernández, inspector, jefe de Seguridad Privada e interlocutor provincial sanitario, ha explicado que “la finalidad de mi función ha sido la coordinación, la prevención y también servir de puente con el personal sanitario. Esto lo conseguimos a través de una interacción continua con ellos en los distintos centros hospitalarios o de atención primaria, etc. conociendo la temática en concreto y también desarrollando talleres formativos en materia de seguridad».
A partir de este año han querido también abarcar al ámbito universitario. “Vimos que las personas que salían al ámbito laboral deberían tener, por lo menos, un conocimiento y una formación previa que les permitiera tener ese contacto inicial, aunque luego en su vida profesional se vayan habituando más a esta figura del interlocutor». Una figura que ha venido para quedarse y disminuir esa tasa de violencia, “que no solo es física, sino también verbal o violencia material que se produce dentro de los centros hospitalarios.» La finalidad de la charla es que “ellos conozcan las posibilidades que tienen de prevención y que conozcan, si desgraciadamente sufren algún tipo de agresión, qué opciones se les ofrece de protección jurídica».
En el taller lo primero que hacen es formar en la prevención, es decir, de qué manera pueden actuar y reconocer aquellos signos que les va a permitir saber si están frente a una posible agresión, cómo pueden evitarla y el tipo de comportamiento que deben tener ante estas situaciones, con la desescalada verbal, reconocimiento de determinados elementos que pueden ser usados para ejercer esa violencia (como el mobiliario o el material médico). etc. A posteriori, si todo esto fallara, les explican qué opciones jurídicas y qué tramitación van a tener que hacer para ser reconocidos y qué amparo se les da. “Para mí algo que es fundamental es la presentación de denuncias porque la denuncia permite una visualización del problema (porque aquello que no se denuncia queda en la sombra) para establecer un control a posteriori y dar una respuesta proporcionada. Es importante que sepan que la denuncia les permite protegerse a ellos y a su propio colectivo», señala José Eladio Fernández.
Por último, ha manifestado que estamos ante un problema “multidisciplinar, es decir, del sector sanitario, pero también del sector social (a nivel educativo), del sector policial (como prevención) y del sector judicial (como respuesta posterior)».
