Tanto el reciente informe de la Fundación CYD como el realizado por dos expertos en financiación universitaria coinciden en mostrar el desfase entre las transferencias autonómicas recibidas por la Universidad de Almería y las necesidades reales por estudiante
La Universidad de Almería es, dentro del contexto español y andaluz, una de las que menos fondos recibe en términos de financiación pública por estudiante, según han puesto de relieve dos recientes informes que analizan la realidad del sistema universitario en nuestro país. En ambos casos, coinciden en señalar el desfase entre las transferencias recibidas desde la comunidad autónoma por el modelo de financiación por estudiante y las necesidades reales.
El primero de esos informes, sobre la financiación estructural de las universidades españolas, es el realizado por los profesores Juan Hernández Armenteros, de la Universidad de Jaén, y José Antonio Pérez García, de la Politécnica de Valencia, dos de los principales expertos en financiación universitaria. En dicha investigación se pone de manifiesto cómo la de Almería es la tercera universidad de España con menos financiación estructural por estudiante, cantidad que se calcula con la suma las transferencias autonómicas y los ingresos por matrículas y tasas, solo por detrás de la Universidad Rey Juan Carlos y la de Burgos.
De esa inversión por estudiante de la UAL, la comunidad autónoma de Andalucía aporta un 87%. Es, en todo caso, y siempre de acuerdo con este estudio, la universidad andaluza con la cantidad más baja de financiación por estudiante de las diez que componen el sistema público autonómico.
El segundo informe es el realizado por la Fundación CYD, titulado ‘Las universidades españolas, una perspectiva autonómica 2025’. También en él se contabiliza un desajuste a la baja entre la cantidad por estudiante que ingresa la UAL por transferencias de la comunidad autónoma y el gasto real. Así, el dato correspondiente al curso 2022-2023 refleja un ingreso procedente de la Junta de Andalucía de 6.125 euros por estudiante y año, frente a los casi 7.000 –exactamente, 6.998 euros- de inversión realizada en ese mismo periodo en concepto de gasto corriente por estudiante, todo ello utilizando parámetros distintos al otro estudio (por ejemplo, este incluye los estudiantes de centros adscritos).
Estos datos evidencian la necesidad de una mejor distribución de los recursos públicos procedentes de la financiación autonómica entre las instituciones del sistema andaluz, en aras a mejorar su equidad. Así, para corregir las desigualdades que señalan los datos, el reparto de los fondos públicos entre las universidades de Andalucía, conforme al modelo de financiación, debería poner sobre la mesa elementos de nivelación durante varios años.
