Fernando Santos Urbaneja, fiscal del Estado, ha participado en el Curso de Verano ‘La protección de los consumidores en la contratación del siglo XXI’. En su intervención, ha pedido mayor movilización de los consumidores que se ven afectados por una ilegalidad
El Curso de Verano ‘La protección de los consumidores en la contratación del siglo XXI’, que se está celebrando en la Diputación Provincial de Almería, ha contado este jueves con un ponente de excepción. Fernando Santos Urbaneja, fiscal de la Fiscalía General del Estado, ha ofrecido la conferencia ‘El Ministerio Fiscal y la defensa de los derechos de los consumidores: especial consideración de las acciones de representación’.
En ella, ha explicado que hoy en día no existen grupos de riesgo como hace unos años en los que los grupos más vulnerables eran los discapacitados, los menores o los extranjeros. “En la actualidad todos somos grupo de riesgo. No hay ningún consumidor que no pueda sufrir un acto ilícito. Por eso, es necesario el papel que juega la Fiscalía General dentro del poder judicial”.
La labor de la misma se basa en acciones colectivas. “Hoy en día recibimos todos impactos, económicamente hablando. Nadie va a poner un pleito por 20 euros, pero sí lo pueden hacer determinadas instituciones, es lo que se llama acción colectiva. Lo puede hacer tanto la Fiscalía como las asociaciones de consumidores más representativas, e incuso la Fiscalía sumarse a las acciones emprendidas por otros”. Santos Urbaneja fue el responsable del llamado ‘Gas natural Andalucía’, una acción que emprendió en 2003. “Puse en Córdoba una acción colectiva que afectó a más de 200.000 hogares andaluces. Esta acción me llevó 17 años, pero terminó bien y alrededor de 200.000 hogares un día recibieron un ingreso enigmático, de 230 a 300 euros, que decía ‘por ejecución de sentencia’. Nadie sabía de dónde les llegó, pero fui yo quien emprendió esa acción”.
Sobre las necesidades que existen, el fiscal reclama la creación de una Sala de Consumo en la Fiscalía “que nos aporte una estructura más identificable dentro del Ministerio Fiscal para pedir por todos los ciudadanos, porque si hay una zona de indefensión es en el tema de consumo”.
Pese a esta indefensión, son pocos los ciudadanos, dice, que se movilizan, a excepción de Carlos San Juan con su campaña ‘Soy mayor, pero no soy idiota’, “que salía a la calle a manifestarse y que gracias a su acción ha habido iniciativa en las mejoras legislativas, que aún no se han aprobado, pero que están en marcha”.
Una movilización que ha tenido repercusiones y que va a beneficiar a todos, por eso el fiscal no entiende que las personas no se movilicen más. “Está muy bien indignarnos, pero también hay que dar un pasito a la movilización. Se protesta en la barra del bar tomando una cerveza, pero no donde se debe. Los políticos y el Gobierno se preocupan por lo que la gente les pide, si no se les pide esto, miran hacia otro lado”.
En este sentido, Santos Urbaneja aboga por leyes más justas y sanciones disuasorias, “porque si voy a hacer una actuación ilícita donde voy a ganar 100 y me van a poner una sanción de 5, pues mire usted el negocio me sale redondo. Pero claro, ningún político se va a mover si no hay nadie que se lo pida. No sé cuál es la solución para movilizar a la sociedad, solo puedo manifestar mi perplejidad. Hay una especie como de indiferencia, de resignación. Se conseguiría más con mayor movilización y leyes más justas en esta materia, que no las hay. Pero es la sociedad quien deben pedirlas”.
También ha hablado de la prohibición de los daños punitivos en la Unión Europa. “Existen en Iberoamérica y Estados Unidos y esto significa que si tú infliges una lesión de 100 dólares, por ejemplo, al consumidor le vas a devolver 500, pero claro, si le infliges 100 y le vas a devolver 100 sabiendo que muy poquitos van a reclamar, te salen las cuentas, que es lo que sucede en Europa”.
Como ejemplo, el fiscal ha hecho referencia al ‘Diesel Gate’. “Volkswagen vende coches con defecto en el sistema de control de gases. En Estados Unidos, una vez que se acredita el daño empiezan a funcionar los despachos de acciones de clase con los despachos de la empresa que suelen llegar casi siempre a la misma solución: acuerdos que benefician al consumidor y que se resuelven en tres meses. ¿Qué hay que hacer en España? Aquí tú pones una demanda colectiva contra Volkswagen y esperas 15 años a que se resuelva y mientras termina no cobra nadie. Son cosas muy sencillas que no se ponen en marcha en Europa que se rige por normas colectivas. Son textos para 27 países que tienen culturas jurídicas diversas y que hay que cumplir, pero resulta que lo único que queda claro es que están prohibidos los daños punitivos. Es curioso que lo único que puede hacer daño a quien comete actos ilícitos contra el consumidor esté prohibido”.
