El Auditorio de la Universidad de Almería se llena para la celebración del ‘Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños’, organizado por la Subdelegación del Gobierno con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, consistente en una contundente charla de la fiscal Beatriz Sánchez.
El compromiso social mostrado por la UAL es rotundo, algo que ha vuelto a quedar patente una vez más con motivo del ‘Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños’. El campus no solo ha acogido, sino que también ha arropado, las reivindicaciones y el llamamiento consiguiente que ha sido base del acto central programado desde la Subdelegación del Gobierno. Agradecida de ser anfitriona del mismo, Maribel Ramírez ha sido muy contundente: “Hay temas en los que la Universidad de Almería no puede ni debe adoptar una postura de imparcialidad, y la trata de seres humanos no nos puede dejar indiferentes; cuando el ser humano se convierte en mercancía, retrocedemos a la época de la esclavitud, y eso nos degrada a todos, a las victimas, a los verdugos y a los que contemplan impasibles la mercantilización del ser humano”. Así lo ha expresado la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, quien ha recordado también que la actitud comprometida está en el ADN de la UAL: “Hay en nuestros Estatutos unos principios y valores que orientan nuestra actuación”.
Ramírez ha añadido que “en el caso de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual encontramos la relación directa con la posición de la mujer en la sociedad y la feminización de la pobreza”. De hecho, “no solo se atenta contra diversos derechos fundamentales, como a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la libertad sexual, a la salud, a la intimidad y a la dignidad humana, sino que es una de las formas más extremas de violencia contra la mujer que afecta a más de dos millones de mujeres en todo el mundo”. Es por ello que “la Universidad de Almería reafirma continuamente su compromiso en materias como esta, porque la Educación Superior debe ser también una educación impregnada de valores y de ética ciudadana; sin esos valores humanos, el avance en el conocimiento no mejorará nuestras sociedades ni hará frente a los grandes retos en materia de igualdad que nos plantea el futuro”. Dentro del aforo permitido por las restricciones de la pandemia, el Auditorio ha tenido una asistencia extraordinaria para participar en este llamamiento a la concienciación promovido por la Subdelegación del Gobierno de España.
El subdelegado igualmente ha sido claro y rotundo en su valoración de la situación actual respecto a esta lacra: “Es un problema de una envergadura enorme, y es el momento de volver a concienciar a la sociedad de que la esclavitud no ha terminado, que sigue presente en las sociedades modernas y avanzadas en las que se ha desarrollado tanta protección de derechos, pero sin embargo es una realidad en nuestro país”. Ha apuntado que “el 92% de las víctimas son mujeres y el 80% de los delincuentes que generan este tipo de violencia son hombres”, así que ha invitado a “profundizar en las políticas de castigo a los delincuentes y protección a las mujeres”. Manuel de la Fuente ha pormenorizado datos de Almería, haciendo mención a la “prostitución de invernadero o de cortijo”. Los municipios en los que más actuaciones se acumulan son Huércal-Overa, Níjar, Roquetas de Mar, La Mojonera, El Ejido o Almería capital, con distintos emplazamientos dentro de los mismos, pero siempre con el mismo denominador común: “En todas ellas la Policía Nacional y la Guardia Civil han evidenciado las especiales circunstancias de precariedad y sometimiento en las que viven estas mujeres”. Durante el último año se ha logrado liberar a 11 víctimas y se han efectuado 35 detenciones.
Se realizan estas acciones a través de “operaciones extraordinariamente complejas”, que acumulan meses de investigaciones, algo que desde dentro ha podido trasladar la invitada de excepción con la que se ha contado, Beatriz Sánchez, que es fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado. En España la trata para explotación sexual afecta principalmente a mujeres y menores, en su mayoría extranjeras, relación “directísima entre la inmigración irregular y la trata de seres humanos”. El ‘Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños’ ha tenido un contenido muy directo y hasta duro, sin cortapisas, dibujando una realidad que no debe quedar al margen de la sociedad. Es un negocio que mueve cinco millones de euros diarios en España, generando en Europa ingresos por valor de 32.000 millones de euros anuales, impresionante cifra, como los 108.000 millones de euros que Naciones Unidas contabiliza en ámbito mundial, temiéndose que lo conocido sea tan solo una tercera parte de lo que realmente está sucediendo. La fiscal ha definido a la trata en la misma línea que Maribel Ramírez y Manuel de la Fuente, como “la esclavitud del siglo XXI”, y la ha diseccionado: “Consiste en arrancar a una persona del lugar al que pertenece y de sus raíces, y trasladarla a otro lugar mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de la situación de necesidad y de vulnerabilidad en la que se encuentra”. Una vez dibujado ese contexto, llega el aprovechamiento de esa máxima debilidad y el “explotarla en las diferentes modalidades que ya conocemos o en las posibles modalidades que puedan surgir en el futuro”. Se trata de “un delito en movimiento”, y para que se pueda hacer frente al mismo ha situado tres pilares: “Prevención, protección de las víctimas y persecución penal coherente, por lo que sería necesario mejorar la penalización de la prostitución coactiva, de cualquier tipo de proxenetismo, de la esclavitud y de la servidumbre, además de que también es necesario que exista una mayor concienciación social, en particular hacia los potenciales clientes y consumidores de cualquier tipo de explotación”.