Esta última jornada ha contado con la participación de José Luis Seoane Spiegelberg, magistrado del Tribunal Supremo y miembro del Consejo General del Poder Judicial.
El municipio de Purchena cogió hace tres días las riendas del Curso de Verano ‘Encuentro profesional en apoyo a las personas mayores y/o con discapacidad: modelos de gestión socio-sanitaria y medidas jurídicas razonables’, previsto en Tíjola, pero que debido a la alta incidencia de casos de personas afectadas por COVID-19 en el mismo, se trasladó de sede.
Su clausura presidida por el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez. “Con este curso, la Universidad de Almería quiere hacer visible, como no podía ser de otra manera, su compromiso hacia los colectivos más vulnerables y golpeados por la pandemia, como han sido las personas mayores, aquellas que sufren algún tipo de discapacidad -y que han tenido que incorporar a sus vidas nuevas restricciones que condicionan aún más su autonomía- y, evidentemente, el personal sanitario en primera línea de combate», ha explicado.
Además, el rector ha destacado la participación en este curso de una veintena de expertos que han tratado de dar respuesta a la infinidad de interrogantes surgidos durante la pandemia y que, si bien «nos han afectado a todos en mayor o menor medida, han tenido una especial incidencia en personas con limitaciones físicas o psíquicas, bien por enfermedad, por edad, o por vivir en zonas donde el acceso a ciertos servicios es más complicado».
También ha agradecido a los ayuntamientos de Tíjola y Purchena, a los colaboradores como al Grupo Gerial y a los directores del curso María José Cazorla y Antonio Carrión, haber propuesto realizar este curso. «Ha sido precisamente por la relevancia de la temática que se decidiera ofertar este curso en doble formato -tanto presencial como virtual- siendo este uno de los dos encuentros que se han desarrollado en esta modalidad. El éxito en la matriculación, 78 inscritos de los cuales 35 asisten en modo presencial y 43 en modo online, ha revelado que no nos hemos equivocado en la temática y en el doble formato».
La presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo, ha explicado que en España hay 4 millones de personas que padecen alguna discapacidad y un millón de personas dependientes «que tiene derecho a una vida digna y lo más independiente posible para afrontar las decisiones importantes que les conciernen». Gallardo también ha felicitado a los organizadores por hacer un curso como este. «Unas jornadas que han supuesto un esfuerzo y un reto, pero al mismo tiempo un acicate que contribuye certeramente a la disección de una problemática compleja y poliédrica y que se haya en continuo cambio y adaptación a unos valores sociales cada vez más sensibles, que demandan permanentemente la implementación de nuevos avances y medidas. Estos cambios implican grandes variaciones en las políticas y en la práctica, las cuales necesitan apoyarse en buena ciencia y buen juicio».
El alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, se ha mostrado triste por no haber podido realizar en este municipio el curso, pero ha señalado que las circunstancias mandan y que la decisión es un acto de responsabilidad por parte de todos y la correcta. «A pesar de todo, me queda la sensación de satisfacción por el gran curso celebrado y el trabajo que se ha realizado. Un curso por el que ha pasado una gran cantidad y calidad de ponentes de primerísimo nivel, muy profesionales, que tienen una gran calidad humana digna de alabar». Además, ha agradecido al rector la confianza depositada en su municipio para ser sede de los Cursos de Verano, manifestando su deseo de que el año que viene se pueda hacer allí y agradeciendo al alcalde de Purchena el cese de las instalaciones para poder realizar el curso con todas las garantías sanitarias.
Por último, María José Cazorla, directora del curso se ha emocionado al dar las gracias a todas las personas que han hecho posible la organización de este curso, como los inscritos «gente aquí presente pero también de otros lugares como Granada y otros países como México, Uruguay o Argentina, que se conectaban de madrugada. Gracias por obsequiarnos con vuestro tiempo». Pero también ha agradecido a las instituciones colaboradoras, a la UAL y a todo el equipo que hace tres años comenzó a organizar este curso que hoy ha finalizado. Asó como a los ponentes «que porque en un momento complicando -porque la salud es individual y los miedos también- nadie ha dicho que no independientemente de las condiciones».
Para finalizar se ha dirigido a todos los presentes: «Juntos haremos una sociedad mejor, vuestras intervenciones y vuestras profesiones nos van a ayudar a mejorar. Juristas y personal sociosanitario haremos que avance la vida y la calidad de vida de todas las personas, independientemente de sus circunstancias y del tiempo en el que están viviendo».
Conferencia de José Luis Seoane Spiegelberg
Uno de los ponentes de esta última jornada ha sido José Luis Seoane Spiegelberg, magistrado del Tribunal Supremo y miembro del Consejo General del Poder Judicial, quien ha ofrecido la charla ‘La aplicación de la convención internacional de las personas con discapacidad por los tribunales españoles’.
En ella ha explicado los criterios seguidos por los tribunales de justicia en los procesos otrora denominados de ‘modificación de la capacidad’ y ahora de ‘provisión judicial de apoyos’, que la nueva ley los concibe con carácter subsidiario, «de manera que solo cabe la intervención de los tribunales cuando no existan medidas de apoyo suficientes, para que la persona con discapacidad pueda gozar de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás».
Durante su intervención ha ido explicando cuál ha sido la evolución jurisprudencial en el tratamiento de la discapacidad. «Inicialmente predominó el enfoque paternalista, en el que las personas que adolecían de deficiencias para autogobernarse en las esferas personal o patrimonial eran totalmente inhabilitadas para la vida social, anulando sus capacidades de autodeterminación, lo que equivalía a la muerte civil». Esto era así, dado que los denominados entonces procesos de incapacitación «se dirimían bajo la dicotomía capaz/incapaz, blanco/negro, cuando las deficiencias de las personas con discapacidad se reconducen, en la mayoría de los casos, a distintos matices del gris. Se imponía un tallaje único y además XXXL, por lo que las resoluciones judiciales dictadas no respondían al paradigma del “traje a medida”, determinando los concretos apoyos necesarios para que la persona, en congruencia proporcional a sus deficiencias, pudiera ejercer su autonomía, conservando su dignidad como ser humano».
A partir del Convenio de Nueva York de 2006 los criterios judiciales cambian de manera radical «mediante la generalización de la curatela como una medida de asistencia frente a la tutela, que ha de tener carácter excepcional, determinándose los apoyos con carácter flexible, a los efectos de cumplir con el paradigma del traje a medida». Además hay una última etapa que «se iniciará con la fijación de los nuevos criterios interpretativos y aplicativos de la nueva Ley 8/2011. En este caso, el futuro hablará».
Sobre la correcta aplicación del Convenio Internacional de las personas con discapacidad en España, el magistrado indica que «como todas las cosas siempre son mejorables. Lo que no cabe duda es el esfuerzo que se está llevando a cabo por parte de los tribunales y de la Fiscalía para cumplir con las exigencias del nuevo modelo, máxime cuando carecíamos de un instrumento legal, como el que ahora contamos». Sin embargo, se están cometiendo errores como falta de medios materiales en los juzgados para aplicar la nueva ley o, lo que a su juicio el principal error: «no asumir el cambio radical que el Convenio implica en el tratamiento de la discapacidad. No tener en cuenta que la filosofía del sistema consiste en garantizar que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, de la que surge la obligación de facilitarles la expresión de sus preferencias, que han de ser tenidas en cuenta». Esto no implica » adhesión incondicionada a una voluntad viciada por un delirio, una alucinación o una falta de conciencia patológica sobre las circunstancias de la decisión. Por otra parte, las personas con discapacidad están sometidas a las normas de convivencia fijadas por el Estado de Derecho. Y, excepcionalmente, cuando sea preciso, el curador asumirá funciones representativas».
Por último, José Luis Seoane Spiegelberg, ha pedido que no se pierda la perspectiva de que «la discapacidad forma parte de la condición humana y que casi todos sufriremos algún tipo de discapacidad, bien sea transitoria o permanente en algún momento de nuestra vida, que se acentuarán con la vejez. Decía Ramón y Cajal que el organismo humano no muere de una sola vez, sino por parcelas, y en la medida que preservemos nuestra autonomía funcional y decisional debe ser respetada y protegida».
