El Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social da por terminada la programación del 25N, desarrollada durante todo el mes, con la mesa redonda ’20 años después de la Ley 1/2024, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: principales retos y desafíos’
La programación con motivo del 25N que se ha ido desarrollando en el campus universitario a lo largo de todo el mes, organizada por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, ha llegado este viernes a su fin con la mesa redonda ’20 años después de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: principales retos y desafíos’, que ha contado con la colaboración del Departamento de Derecho de la UAL.
“El título de esta jornada, que nos invita a reflexionar sobre los retos y desafíos veinte años después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, nos recuerda que estamos frente a una tarea aún inacabada. Si bien es innegable que se han logrado avances significativos en nuestra lucha contra la violencia de género, también debemos reconocer que los desafíos persisten y que todavía hay mucho por hacer. Las reflexiones que compartiremos sobre la intervención policial, la asistencia letrada, el impacto de la violencia vicaria y el papel del Ministerio Fiscal nos ayudarán a dimensionar estos retos, a identificar las brechas que aún debemos cerrar y a explorar nuevas estrategias para garantizar una protección y justicia efectiva para las víctimas”, ha indicado la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y compromiso Social, Maribel Ramírez, en la inauguración de la actividad.
En la mesa redonda han participado Carmen María Martínez Morales, intendente principal de la Policía Local de Almería; María del Mar Mena Reche, abogada del ICA Almería y presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Almería; Josefa Muñoz Ruíz, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Murcia y Deborah Díaz-Jiménez Triviño, fiscal de la Audiencia Provincial de Almería.
María del Mar Mena Reche, abogada del ICA Almería y presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Almería, en su intervención ha explicado “lo que ha avanzado la sociedad con esta ley, los cambios normativos que se han producido y la falta de empatía y calado de la lucha contra la violencia de género en toda la sociedad. La falta de empatía, desgraciadamente, la encontramos en todos los ámbitos, desde los colegios (con cómo actúan los niños más pequeños), en la adolescencia (donde estamos viendo un incremento de la violencia de género) y con las nuevas tecnologías (con nuevas formas de violencia de género). Hemos pasado del moratón en la cara a algo más: la violencia psicológica, que es la que deja secuelas que no se ven, pero que son difíciles de comprobar y denunciar y hacen que las mujeres que la sufren les cueste dar el paso. La falta de empatía se ve en los colegios, los juzgados, la policía, en todos los ámbitos”.
Además, ha explicado que existe violencia de género también fuera de la que se ejerce contra la mujer dentro de una relación de pareja. “Hay otro tipo de violencia de género a la que hay que dar notoriedad como son las victimas de trata, de mutilación genital femenina, agresiones sexuales, violaciones, y los menores, que también son víctimas de violencia de género. La educación es muy importante, por eso la Universidad debe ser un altavoz, pero hay que empezar con la educación desde los colegios, y desde todos los ámbitos: asociaciones de vecinos, asociaciones de mayores. Tenemos que estar en todos lados gritando contra la violencia de género y visibilizar qué es la violencia de género porque a veces las víctimas no son conscientes de ello”.
Deborah Díaz-Jiménez Triviño, fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, ha explicado que “la violencia de género no es un delito que haya evolucionado a lo largo del tiempo, a diferencia, por ejemplo, de los delitos en informática a los que nos tenemos que adaptar, la violencia de género desde el primer caso, que fue el de Ana Orantes en 1997, que es el que tenemos más visible, no ha cambiado. Al final, son agresiones entre personas. Y nos cuesta mucho luchar contra ellas porque cada año -a pesar de las herramientas que tenemos como órdenes de alejamiento, dispositivos de control telemático o prohibiciones de residencia en el mismo lugar- al final si una persona está obsesionada con una víctima y acaba con ella no podemos protegerla. Entonces, es importante aunar todos los medios de los que disponemos a nivel interdisciplinar: médicos, policías, guardias civiles, docentes, psicólogos, fiscales, jueces… Todos tenemos que hacer un trabajo conjunto, fuerte y constante para poder luchar contra la violencia de género. Creo que su desaparición no es posible, pero sí es deseable. Es la ilusión que tenemos todos: que nos digan que un mes no hay ninguna víctima”.
Carmen María Martínez Morales, intendente principal de la Policía Local de Almería, ha dado a conocer la labor policial de un caso de violencia de género. “La policía somos la primera puerta a la que toca la víctima y donde empieza su andadura con la administración de Justicia. Les voy a explicar qué pasa después de la denuncia”. En cuanto a las ventajas que ha supuesto la ley 1/2004, ha señalado que “gracias a ella, desde la sede policial se garantizan los derechos de las víctimas desde el primer momento. Y, sobre todo, la vital importancia de la orden de protección que se genera en sede policial y cómo se pone en marcha el mecanismo de asesoramiento a las víctimas, el funcionamiento de los centros de acogida, los pisos tutelados, de las ayudas que existen… Ponemos a la víctima en contacto con el sistema de apoyo que existe, no sólo con el sistema Judicial”. Además, ha destacado que lo que está fallando es la prevención. “Somos un país muy joven que está hablando de prevención desde hace muy pocos años y creo que no estamos viendo los frutos, pero creo que los veremos. Mi única esperanza es que tangamos formadas e informadas a las generaciones jóvenes que hoy empiezan sus relaciones para que identifiquen las primeras señales de dominio, de control de pareja”.
Por último, Josefa Muñoz Ruíz, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Murcia, ha hablado de la utilización de los menores como instrumento de violencia vicaria. “En los últimos 10 años ha habido unos 3.200 casos de niños objeto de sustracción familiar. El último análisis estadístico global de la Conferencia de la Haya de 2015, advierte que el 73% de los sustractores son madres frente al 24% que son los padres (el restante 3% corresponde a otros familiares, abuelos o bien terceros); y cuando la sustractora es la madre, en el 91% de los casos, es la cuidadora principal del menor o menores. Por otro lado, en el año 2021, que fue el de mayor cifra se registraron, hubo 7 asesinatos de niños por parte de los padres biológicos. La incidencia de la violencia intrafamiliar y de género hace de la sustracción de menores un fenómeno complejo con múltiples aristas, en el que concurren intereses diversos, y en cuya resolución están implicados una pluralidad de instrumentos jurídicos (civiles, procesales…), el objetivo de esta intervención es una aproximación a la respuesta penal a la sustracción parental de menores”.
