Ha sido la temática de la ‘Jornada Derecho a ser vecinas vivas donde vivas: mujeres migrantes en los asentamientos chabolistas’, la última enmarcada en el Ciclo Migraciones S-N.
Este miércoles ha llegado a su fin con la cuarta y última actividad el Ciclo de Migraciones S-N organizado por la Universidad de Almería, CEMyRI, La Resistencia, Almería con Orgullo y Alianza por la Solidaridad, cuyo objetivo ha sido reflexionar sobre la interacción que se da entre norte y sur y las consecuencias que implican estas relaciones para las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, las propias personas migrantes.
La última jornada de este ciclo lleva por título ‘Derecho a ser vecinas vivas donde vivas: mujeres migrantes en los asentamientos chabolistas’. Está enmarcada en un proyecto titulado ‘Mujeres migrantes rurales y urbanas: fortaleciendo conocimientos, capacidades y alianzas que promuevan la sensibilización y la movilización de la sociedad civil andaluza en defensa de sus derechos’ financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional cuyo objetivo es generarespacios de formación, reflexión, incidencia e intercambio entre agentes de la sociedad civil que permitan la articulación en la defensa de los derechos de las personas migrantes desde una perspectiva interseccional y de Derechos Humanos en Andalucía.
En esta jornada ha participado Ana Gómez, de Alianza Solidaria, quien ha señalado que las actividades fundamentales del proyecto han sido un diagnóstico y un documental sobre la vulneración al derecho al empadronamiento de las mujeres migrantes, un ciclo formativo en Granada y en Sevilla para sensibilizar a la población andaluza, formaciones a mujeres migrantes que viven en los asentamientos chabolistas de Almería y Huelva, y este ciclo formativo en la UAL.
También ha explicado que, pese a que la Ley recoge que todas las personas deben estar empadronadas y que, por tanto, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón, “muchos ayuntamientos niegan la opción de empadronar en las chabolas, dificultando el proceso de regularización y acceso a servicios sociales por parte de las personas migrantes. En concreto, ponen trabas como solicitar información innecesaria, no facilitan la cumplimentación de la solicitud, no dan citas, no dan resguardos, etc., ejerciendo una violencia institucional sobre las mujeres migrantes”.
La dificultad de acceder al empadronamiento dificulta el proceso de regularización de las mujeres migrantes “ya que el empadronamiento es una de las pruebas más fiables que te solicitan cuando pides arraigo, no tienen acceso a servicios sociales, no pueden acceder a bonificaciones para las guarderías, provoca problemas de salud mental y conlleva la posibilidad de no retornar a su país”.
Tras la explicación de este proyecto, ha tenido lugar una mesa de experiencias en las que se han presentado algunas estrategias que tienen las mujeres “como numerar las chabolas o presentar con la solicitud de empadronamiento las coordenadas de localización para que la administración local pueda localizar a las personas en su vivienda”.
Ana Gómez insiste en que la situación que viven las mujeres en asentamientos chabolistas es muy complicada. “Aunque ellas trabajan para que su chabola sea lo más digna posible, les falta unas condiciones mínimas de habitabilidad, no tienen acceso a agua ni a luz, incomunicadas ya que no llega transporte al asentamiento”. La ponente ha explicado que las principales problemáticas que viven son la falta de documentación y la falta de trabajo. Pero también la falta del cumplimiento por parte de empresarios de pagar según convenio y de cumplir los derechos laborales de estas personas. “Hay una violencia por parte de las instituciones impidiendo el empadronamiento, dejando a niños sin poder acceder a la educación. Además, se vive en los asentamientos con miedo al fuego, el año pasado hubo 3 en el asentamiento de Atochares. Y sus habitantes sufren problemas de salud mental por toda la tensión que tienen que soportar. Además, las mujeres están expuestas a explotación sexual y a abusos en el trabajo, en los asentamientos”.
A su juicio, la solución sería “la realización de una regularización extraordinaria para las personas migrantes, viviendas sociales para que puedan acceder, reconocimiento y facilitar el empadronamiento a las vecinas que habitan en estos municipios para reconocer los derechos básicos”. Por último, apunta que “falta voluntad política y diálogo con las personas implicadas, organizaciones sociales y administraciones públicas”.
