La Universidad de Almería se ha adherido al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, sumándose de este modo a la estrategia nacional impulsada para articular una respuesta contundente, transversal y basada en el conocimiento científico ante los crecientes riesgos del calentamiento global.
España se sitúa como uno de los países del mundo más vulnerables ante la crisis climática. Las estadísticas del documento de propuesta reflejan una realidad acuciante: en apenas cinco años, las lluvias torrenciales y las DANAs han aumentado un 15%, las sequías y olas de calor se han intensificado, y la superficie arrasada por incendios ha crecido un 80%, cobrándose la vida de más de 20.000 personas en diversos episodios. Además, las temperaturas están subiendo a un ritmo sin precedentes. Entre 1961 y 2024, las temperaturas en España han aumentado 1,69 °C, y los once años más cálidos de la serie histórica se han registrado en el siglo XXI. El cambio no es abstracto: el verano se ha alargado 55 días y la cuenca mediterránea se calienta un 20% más rápido que la media global.
Por otro lado, las consecuencias de estos cambios físicos son transversales: mayores riesgos de inundaciones costeras, erosión, daños en infraestructuras, impactos sobre los ecosistemas y amenazas a sectores como el turismo. Y ya están generando efectos económicos de gran calado. La agricultura pierde cada año alrededor del 6% del valor de su producción debido a fenómenos climáticos extremos. El sector forestal se enfrenta a incendios más destructivos, estrés hídrico y alteraciones en las especies.
Según la European Economic Review, en conjunto, los fenómenos extremos derivados del cambio climático han provocado pérdidas en España de 12.000 millones solo en el año 2025, que pueden ascender a 34.000 millones de euros en el año 2029. Esto equivale al 0,8% de su Valor Agregado Bruto total y al 2,4% para 2029. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las pérdidas económicas en España por fenómenos meteorológicos extremos han supuesto desde 1980 hasta 2024 unos 119.000 millones de euros. En este mismo periodo, España ha sido el país de la Unión Europea con mayor mortalidad asociada a eventos climáticos extremos: 113.627 víctimas entre 1980 y 2024.
Estos datos reflejan la necesidad de contar con un Pacto de Estado ante la Emergencia Climática, un acuerdo de país que proporcione estabilidad, continuidad y coherencia a las políticas públicas, más allá de los cambios de gobierno e incorporando la implicación de todas las administraciones.
Ante esta situación, la Universidad de Almería aporta su excelencia investigadora para afrontar los grandes retos de la región.
El Pacto de Estado se estructura en 15 ejes estratégicos de actuación que encuentran un reflejo directo en las líneas de trabajo y potencial académico de la Universidad de Almería. Entre los ejes se encuentra la aplicación del conocimiento científico (Eje 1). El acuerdo prioriza que toda política pública y administrativa se sustente en evidencias científicas. La UAL jugará un papel clave en el desarrollo de evaluaciones de riesgos e impactos a escala regional y local en sectores tan críticos como la agricultura, el agua, la biodiversidad y el urbanismo.
Otro es la resiliencia hídrica y sequías (Eje 3). Ante el fenómeno dual que caracteriza el clima mediterráneo —menos precipitación total pero episodios cada vez más violentos e inundaciones—, el pacto promueve una respuesta nacional para optimizar la gestión del agua.
Los ejes 6 y 7 se centran en el sector agrario y medio rural. La agricultura nacional afronta grandes pérdidas debido a fenómenos extremos. La aportación de la comunidad investigadora almeriense en materia de innovación agraria, cultivos adaptados y gestión eficiente del agua resulta indispensable.
Por otro lado, los ejes 13 y 15 hablan de transición ecológica y gobernanza. Se acelera la descarbonización y se establecen mecanismos de gobernanza con convenciones anuales y participación de la comunidad científica, técnica y el ámbito universitario.
Con esta adhesión, la Universidad de Almería ratifica su responsabilidad social corporativa y su vocación de servicio público, poniendo a disposición de las administraciones públicas y de la sociedad su talento investigador, sus tecnologías de vanguardia y su capacidad formativa. El objetivo compartido es mitigar los peores efectos del cambio climático, proteger el valioso entorno natural y socioeconómico del sureste peninsular y garantizar un modelo de desarrollo seguro y sostenible para las próximas generaciones.
