Con principio en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería y final en el CIESOL, habiendo pasado también por la EDAR El Toyo y por la Desaladora Mar de Alborán, ha acabado este este viernes el curso de verano de la UAL titulado ‘Innovación en el ciclo integral del agua desde Almería’. Como ha venido siendo habitual a lo largo de los años, toda vez que ha cerrado ya su sexta edición, se ha desarrollado en el marco de la Cátedra Aqualia del Ciclo Integral del Agua, que forman la UAL y la empresa Aqualia, y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Almería. También es algo sostenido en esta propuesta que tenga una perspectiva interdisciplinar, pero entre sus ponencias ha habido una especialmente importante.
Se trata de la explicación sobre los detalles de ‘La nueva Directiva de Aguas Residuales Urbanas (2024): qué cambia y por qué’. Ese ha sido el título que ha llevado y ha corrido a cargo de Carlos Alberto Aragón. técnico superior en la Subdirección General de Planificación Hidrológica, dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Así, este nuevo marco normativo se ha entrelazado con las implicaciones técnicas, económicas y organizativas para administraciones y operadores. La presentación de tecnologías avanzadas que conducirán a la transformación de las EDAR en biofactorías, orientadas a la economía circular y a la recuperación de recursos, ha tenido una gran relevancia desde la legislación que conducirá a ese paso.
Aragón ha reconocido que “en el momento en el que recibó la invitación, el Ministerio estuvo encantado de participar en el curso y poder exponer una temática tan interesante como la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas”. Así es porque entienden “que la innovación y la formación de los profesionales que se van a enfrentar a esta nueva directiva es esencial para que puedan abordar todos los retos que se presentan en el campo de la depuración de las aguas residuales”. Esta normativa “viene a complementar la que regía desde el año 1991”. Pasados 30 años, “la Comisión Europea y todos los estados miembro vieron oportuno hacer una revisión porque el contexto ha cambiado mucho”.
En esa línea, “inicialmente se trataba de depurar las aguas para proteger el medio ambiente, y hoy en día toca enfrentarse a una serie de retos como el cambio climático y el pacto verde europeo, de tal manera que había que hacer una revisión de esta directiva que pudiera dar respuestas no solamente a esa protección del medio ambiente, sino también a la protección de la salud humana y a desafíos como la escasez de agua fomentando la regeneración y reutilización de agua”. Se trata, por lo tanto, de “la recuperación de recursos a partir de las aguas residuales”. En definitiva, “es una transformación del concepto de la depuradora, que pasa de ser un simple medio para depurar aguas a una biofactoría, o sea, una posible fábrica de distintos productos valorizables”.
Estos son “principalmente el agua regenerada, es decir, un agua que pueda ser empleada para usos posteriores como riego agrícola, que para ello existe un reglamento europeo que ya ha sido traspuesto al ordenamiento jurídico español, pero igualmente es fuente de recursos como nutrientes importantes para el sector agrícola”. Por ejemplo, “nos encontramos con la limitación del fósforo, y las aguas residuales son una fuente importante de este fósforo, de tal manera que la propia directiva establece una serie de objetivos para los estados miembros de recuperar esos nutrientes”.
Ha sentenciado que “es esencial la participación tanto del sector en sí de la depuración, como también de la academia, sin olvidar la última de las patas, que sería el propio usuario final, que debe estar implicado igualmente en las soluciones que se implementen, porque es importante que la sociedad también colabore en todo lo que es este proceso de diseño, de implementación, que sienta que las tecnologías o incluso el dinero que pagamos para el tratamiento de las aguas, tanto para el abastecimiento como para el saneamiento y la depuración, tiene una finalidad”. De hecho, considera que “a todos nos interesa conocer, y es otra de las cuestiones que potencia la propia directiva, transparencia e información al usuario final para hacerlo copartícipe igualmente de toda la solución que se está implementando”.
Esta directiva, “al igual que hacía la directiva del año 91”, establece “una serie de objetivos y de plazos en función del tamaño de la población”. Y es que “es lógico pensar que las poblaciones de mayor tamaño son las más contaminantes, entendiéndose que se genera mayor cantidad, mayor volumen de aguas residuales, y, por lo tanto, se vierte mayor cantidad de contaminantes aunque las aguas estén debidamente depuradas”. La nueva normativa “no solamente afronta la eliminación de materia orgánica y el tema de los nutrientes, sino que además aborda la eliminación de microcontaminantes que hoy en día suponen una grave preocupación para toda la sociedad”. Se ha referido a ese respecto recordando que “cada vez son más noticias informando de cómo de contaminadas están nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros mares, por la presencia de estos microcontaminantes”. En concreto, ha citado a los microplásticos para insistir en que “esta directiva también establece objetivos específicos para eliminar este tipo de contaminación”.
Aragón es licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Gestión Integral del Agua y doctor por la Universidad de Cádiz, y cuenta con más de veinte años de experiencia profesional en el sector del agua.
Desde 2022, desempeña su labor en la Subdirección General de Planificación Hidrológica. Dentro del Área de Regulación, Planificación y Control de Saneamiento participa en el proceso de adopción de esta nueva Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Igualmente, supervisa las acciones emprendidas por las diversas autoridades competentes en el marco de los distintos procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea en materia de aguas.
